Además de rechazar las acusaciones en su contra y de reiterar el pedido de nulidad del sumario administrativo, la concejal y ex directora de Deportes de la Capital, Ana González (PJS), se desligó del caso de la camioneta extraviada de la planta de bienes del municipio, al mencionar que la Chevrolet LUV (dominio BVT-224) habría sido retirada del complejo Ledesma por personal de la Dirección de Tránsito.
A partir de la investigación supervisada por el fiscal municipal Conrado Mosqueira, el municipio formalizó los cargos contra González, titular de Deportes durante el alfarismo, por presuntas irregularidades detectadas por el departamento Patrimonial de la Capital.
Uno de los elementos que llamó la atención de los instructores fue la Chevrolet LUV modelo 1998, cuyo paradero se desconoce.
En su descargo formal, González -con el patrocinio del abogado Gabriel Mainardi- expresó que la imposibilidad de efectuar un inventario completo del área a su cargo estuvo vinculada a las medidas implementadas durante la pandemia de coronavirus; en especial, por la existencia de un hospital modular con “áreas sucias” en el complejo Ledesma, ya que los agentes a su cargo no tenían permitido ingresar allí “por razones de seguridad e higiene”, sostuvo la edil.
De todos modos, la dirigente alfarista mencionó que se remitió un inventario en formato digital, vía correo electrónico; y aseveró que la tarea de confeccionar esta documentación correspondía a otro funcionario. “Mi actuación siempre ha sido transparente y responsable”, sostuvo en el escrito.
Además, cuestionó distintos aspectos de la pesquisa, como los reproches sobre la falta de documentación relacionada a un vehículo donado al municipio, y sostuvo que estas acciones evidencian “la intencionalidad de formularme cargos por ser una edil opositora a la gestión de la Intendenta” Rossana Chahla. “Vayan a trabajar en sus funciones y dejen de perseguir opositores”, expresó González.
En cuanto a la Chevrolet extraviada, reiteró que en 2017 “dicha camioneta se encontraba totalmente inutilizada” y “no funcionaba”. Por ello, agregó, procedió a gestionar su baja a través del expediente 21 0466/2017, remitido a la Contaduría General, según la edil.
“Luego de ello, en marzo de 2022, la Dirección de Tránsito retira el rodado del complejo Teniente Ledesma, ya que por el pésimo estado de preservación esta camioneta podía ser de sumo peligro para los chicos que concurren allí”, expresó González. Si bien dijo que prescindía de solicitar la concurrencia de testigos del área de Tránsito, quienes “tienen temor a represalias”, sí pidió que asista una agente del área de Deportes para confirmar esta versión.
En otro párrafo de su descargo, la edil recordó que el 4 de abril pasado votó “por primera vez en contra de una ordenanza enviada al Concejo Deliberante por la intendenta Chahla”. “El 5 de abril recibí en mi domicilio una citación a declarar por el sumario administrativo”, añadió.
Sobre el cierre de su presentación, la concejal formuló reserva se formular un recurso de amparo “por las graves violaciones al debido proceso, al acceso a la justicia, y al derecho de defensa”. Incluso, González no descartó acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otros órganos de orden nacional e internacional a fin de “refutar y neutralizar este accionar lesivo en mi contra”.
Las claves del caso de la camioneta
1) El proceso contra González apunta a constatar “las irregularidades detectadas por el departamento Patrimonial en relación a los inventarios de los bienes de los ejercicios 2019, 2020, 2021 y 2022 de la Dirección de Deportes y Recreación de este Municipio”.
2) Entre otras anomalías, se cuestionó la falta de presentación de dichos informes “por soporte magnético o por e-mail institucional, como exige la normativa”. Además, se busca determinar qué sucedió con la camioneta Chevrolet LUV (dominio BVT-224), perteneciente a la planta de bienes de la Capital, cuyo paradero se desconoce.
3) Los instructores a cargo del fiscal municipal Conrado Mosqueira consideran que, en este trámite, se evidenció el aparente incumplimiento "de las obligaciones funcionales inherentes a su cargo”. "El Departamento Patrimonial ha sostenido y descrito repetidamente las desprolijidades e irregularidades que fueron detectadas en la Dirección de Deportes”, indicaron.